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De ser avalado por el Tribunal Administrativo, sería el 25 de octubre próximo
Redacción - 31/07/2015

El pasado 28 de julio, en sesión extraordinaria convocada por el alcalde Petro,  los concejales de la alcaldía de Bogotá votaron en mayoría a favor de la consulta taurina que preguntaría a los bogotanos si quieren prohibir o mantener las corridas de toros y novilladas en esa ciudad.  De 45 concejales sufragaron 35 y de ellos 29 votaron a favor de que se haga la pregunta, con la negativa de 6.    

La pregunta “¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que se realicen corridas de toros y novilladas en Bogotá, Distrito Capital"? tendrá que ir en consulta  al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, estamento que deberá decidir si la consulta se ajusta legalmente a la Constitución. De proceder, la consulta sería el 25 de octubre, cuando se realicen elecciones regionales para gobernadores, alcaldes y otras autoridades.  
 
Según señala Semana.com,  en palabras del concejal Roger Carrillo del Partido Conservador, la pregunta “no tiene un efecto jurídico para modificar la Ley 916 o Reglamento Taurino, es una consulta innecesaria y se convierte en una simple encuesta porque no modifica la norma".
 
Por ello, lo que buscaría Petro y los animalistas sería contrarrestar mediante un pronunciamiento popular la tradición taurina de Bogotá, que fuera respaldada por la Corte Constitucional  en una sentencia sobre los toros (sentencia C-666) declarando  esa ley (2004) que refiere Carrillo  ajustada a la Constitución, y en la que señalan que en Colombia sólo se pueden autorizar espectáculos taurinos en aquellos municipios con tradición taurina.
 
Asimismo, en el año 2013 la Corte Constitucional de Colombia se pronunció en el sentido de que “ninguna autoridad municipal podrá recurrir a actos administrativos para prohibir los espectáculos taurinos”. Sentencia que  fue ratificada en febrero último,  en respuesta a una acción de nulidad interpuesta por el propio alcalde Petro, ordenando que en un plazo de seis meses reabriera la plaza de toros de Santamaría, advirtiéndole “abstenerse de actos administrativos para impedir o dilatar la orden constitucional”.  Tras lo cual,  con el propósito de demorar la ejecución de esa orden, la administración edil sacó a licitación obras de reforzamiento estructural del coso, que aún no se inician y que tendrían una duración de 18 meses.
 
Según el mismo medio, la Corporación Taurina de Bogotá, empresa que administraba la plaza de toros desde el año 1999, “contempla presentar un incidente de desacato a la sentencia de la Corte, pidiendo acciones del alto tribunal para exigir el cumplimiento de dicho pronunciamiento”.
 
La consulta popular es una manera de participación del pueblo en la toma de decisiones por parte del alcalde, pero que en ningún caso significa que sea un mandato imperativo para la autoridad. Y en el caso que se llegue a realizar la consulta, sería el sucesor de Petro el que tendría que adoptar una decisión, según sea el resultado, indican los especialistas.
 
Gustavo Petro asumió la alcaldía mayor de Bogotá el 1 de enero del 2012 y finaliza su mandato el 31 de diciembre del 2015.

 

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