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Carlos Bueno - 19/01/2016

Cada uno de los 35 antitaurinos que imposibilitaron la celebración del ‘bou embolat’ de la localidad castellonense de Olocau el pasado 5 de diciembre ha sido sancionado con 6.000 euros. Se trata de la mayor pena en materia antitaurina hasta ahora impuesta en España, por encima de la del Toro de la Vega que fue de 5.200 euros.

Se les imputa un delito de alteración grave del orden público en un acto previamente autorizado y con todos los permisos en regla que vulnera dos artículos de la ley de seguridad ciudadana, además de multarles por los desperfectos causados, la inseguridad ocasionada y el perjuicio económico para el municipio.

Los implicados (29 de los 35 no eran vecinos de la provincia de Castellón) hicieron creer a través de las redes sociales que se darían cita en Arañuel, otra localidad cercana donde se formó un amplio dispositivo policial, para realmente aparecer en Olocau junto a las cámaras de La Sexta. Allí impidieron la salida del toro y el espectáculo tuvo que acabar suspendiéndose. Les salió bien el plan en su día, pero ahora no han podido dar esquinazo a la justicia.

Sin embargo esta sanción “ejemplarizante” no hará mella en el ánimo de los animalistas. De hecho, el Gobierno Balear continúa preparando una Proposición para modificar la ley y abolir las corridas, y en Madrid, el pasado sábado, el ayuntamiento de Carmena organizaba una conferencia antitaurina a la que, según informa Rosario Pérez en ABC, acudieron dos perros y 19 personas, además del orador, el técnico de sonido y la propia Rosario, que en su artículo narra que, entre los argumentos esgrimidos en la ponencia, se sostuvo que las ganaderías son el reino de los sufrimientos, que el toro es un animal pacífico, que el torero le “chulea” poniéndose de rodillas porque el astado sólo tiene un ángulo de visión de 1’20 metros y no le ve, que el burel siente una frustración muy grande al no poder agarrar el capote, que su liberación de endorfinas es similar al parto más doloroso… y no sé cuantas aseveraciones fantásticas más que aliñó proclamando “gentuza” a los subalternos y “depredadores” a los matadores.

Afortunadamente ningún taurino fue a boicotear la conferencia, ningún aficionado ha practicado scratches con los políticos que intentan suprimir la tauromaquia y nadie se ha liado a guantazos con quienes provocan e insultan. Ese comportamiento educado y civilizado es el que debe imperar para que la justicia ampare a los legales. Y el camino no es otro que denunciar a los violentos y también a los políticos que pretenden saltarse las leyes que aseguraron acatar y hacer cumplir cuando prometieron el cargo que ahora ostentan, entre las que se encuentra el respeto a la Constitución, que protege como bien cultural la tauromaquia en sus distintas versiones.

Por lo tanto, todo lo que sea abogar por el fin de los toros desde las Instituciones y Administraciones, ya sea a través de la imposición de nuevos decretos o de subvencionar conferencias con tal fin, es susceptible de denuncia. Es momento de que las distintas Fundaciones y Asociaciones que han nacido con la intención de defender la tauromaquia se pongan manos a la obra. Trabajo no les va a faltar, y las sentencias favorables de Olocau o Tordesillas deben servirles de acicate para desmontar a quienes intentan moverse al margen de la ley.

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