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Carlos Bueno - 06/09/2016

Acaba agosto y comienza septiembre. Para los toreros no hay vacaciones ni síndrome postvacacional. La época más intensa de la temporada, los dos meses del año que mayor número de festejos programan. Junto a las corridas de toros sube la organización de novilladas, que a lo largo y ancho de nuestra piel de toro se suceden sobre todo en los ya tradicionales certámenes de septiembre. También los alumnos de las escuelas taurinas ven cómo sus oportunidades para actuar en público se acrecientan en festejos sin picadores, muchos de ellos establecidos bajo la fórmula de clases prácticas, un método en el que los chavales actuantes se ayudan entre ellos en labores de brega y banderillas sin la participación de profesionales.  

Se trata de un invento para ahorrar gastos en Seguridad Social y en sueldos a banderilleros que dan al evento la viabilidad económica que permite emprender su programación. Estoy convencido de que no hay mala fe en ello, que con este procedimiento los organizadores no persiguen dejar a los subalternos sin retribución en beneficio propio sino que es la única manera de que el toreo base tenga las mínimas ocasiones necesarias para forjarse. Pagar los costes que conlleva una novillada sin picar es hoy en día ruinoso, insoportable. Pero la fórmula de las clases prácticas parece no contentar a nadie, ni a quienes pierden sueldos ni a los incipientes torerillos, que así no tienen a su lado a verdaderos profesionales que les aconsejen y protejan.

Habría que buscar una solución para que no saliesen perjudicadas tantas partes. Ejercer presión a las Administraciones para conseguir una sustancial rebaja en materia de impuestos para este tipo de espectáculos sería lo más coherente, y que se revisara el número de subalternos necesarios y que ajustasen sus honorarios también.

Otro tema prioritario para que el futuro de la Fiesta goce de buenos augurios sería recuperar la posibilidad de organizar becerradas en pueblos que celebran festejos populares en sus calles, una práctica prohibida en muchos puntos de España sin demasiada explicación. Por considerarse recintos taurinos y no plazas de toros, nuestros políticos se empeñaron en denegar el permiso para que los chavales pudiesen torear en espacios sobradamente acondicionados para ello. No tiene sentido que lugares preparados con arena, barreras y las pertinentes disposiciones médicas estén vetadas para el toreo benjamín. Se trata de una medida que desde hace años ha cercenado considerablemente el número de oportunidades para los chavales en época de aprendizaje.

Cada año se dan en España alrededor de 16.000 festejos populares. A la cabeza la Comunidad Valenciana, que acoge unos 8.000, con casi 300 localidades que organizan toros en la calle (bous al carrer). Con sólo que la cuarta parte de esos municipios valencianos pudiese ofertar una clase práctica, los alumnos de las escuelas taurinas tendrían 75 oportunidades más por temporada.

Si se consiguiera abaratar el coste de la organización de los festejos menores y que nuestras autoridades aceptasen la lógica de que las becerradas deben volver a las calles de los pueblos, las simientes del futuro de la Fiesta aumentarían y se fortalecerían. Ahora, que hay tantas asociaciones de profesionales y aficionados luchando a favor de la tauromaquia, es el momento de labrar por el bien general del sector y las esperanzas de larga vida al toreo.

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