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Carlos Bueno - 28/07/2015

Los antis no descansan. Mientras continúan con sus provocaciones e insultos intentan ir más allá. Buscan y rebuscan cualquier resquicio por donde colarse, por donde acosar, por donde inculpar. Lo último ha sido denunciar ante la Guardia Civil el sorteo de un toro en Valencia. La empresa de Simón Casas regalaba a una de las peñas que acudiesen al último festejo de la Feria de Julio un astado del Conde de la Maza para “bous al carrer”. Todo en regla, el toro con su documentación, el destino legal. Pero el partido animalista PACMA encontró el hueco para sembrar la duda: el Decreto Legislativo 2/2008 y la Ley de protección animal de la Comunidad Valenciana prohíben en uno de sus artículos hacer donación de animales como premio, reclamo, recompensa o regalo.

Shock para los empresarios, que si tiraban para adelante podían enfrentarse a las responsabilidades penales y administrativas que se derivaran de la acción, incluso a una multa de hasta 6.000 €. Afortunadamente los servicios jurídicos de la empresa y de la Diputación Provincial comprobaron que el supuesto hablaba de animales domésticos, y que se sepa un toro bravo no es una mascota. El sorteo se pudo efectuar, pero la perseverancia de los antis quedaba patente una vez más. Todo les vale para seguir haciendo ruido. Poco les importa la ética o la dudosa legalidad de las artimañas que utilizan mientras sirvan para que su campaña sume y siga.

El sábado pasado volvieron a manifestarse en Valencia, a escasos 25 metros de la puerta grande de la plaza. Al menos no estaban ocupando la zona de acceso al recinto, pero aún así los insultos y vejaciones hacia quienes accedían al coso se escuchaban como un tiro. Me pregunto para qué sirve la proposición no de ley que el pasado 27 de mayo aprobó la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. En ella se instaba al Gobierno a adoptar las medidas de protección necesarias para que los festejos taurinos y actividades culturales relacionadas con la tauromaquia se puedan desarrollar con normalidad, evitando alteraciones del orden público.

Asimismo, el artículo 5 de la Ley 18/2013 establece en su apartado primero: “es competencia de la Administración General del Estado, garantizar la conservación y promoción de la Tauromaquia como patrimonio cultural de los españoles, así como tutelar el derecho de todos a su conocimiento, acceso y libre ejercicio en sus diferentes manifestaciones”.

En esta sociedad sólo debería caber la legalidad y el cumplimiento de la Constitución. Si las autoridades permiten lo contrario son cómplices de los ilícitos, y eso sí que es denunciable. Otra cosa es que los taurinos, no sé si por bondad, pasividad o torpeza, no muevan un dedo para demandar a tanto transgresor. Seguir siendo buenos, pasivos o torpes sólo conseguirá que los antis sigan avanzando.

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