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Carlos Bueno - 03/05/2016

De todos es sabido que las cosas de palacio van despacio, máxime si de cuestión judicial se trata. Más de dos mil días han pasado desde que el Tribunal Constitucional recibiera el recurso de inconstitucionalidad contra la ley que prohibía los espectáculos taurinos en Cataluña. Más de dos mil días superan en mucho los cinco años, y una cosa es ir despacio y otra permanecer inmóvil, algo que puede dar pie a malentendidos o sospechas extrañas.

Pero más allá de la dilatación temporal de una sentencia que debería producirse pronto y a favor de la libertad del pueblo, el desdén legislativo está provocando un mal irreparable en la economía del sector, que jamás podrá pedir daños y perjuicios cuando se ejecute la resolución, y lo peor, está permitiendo que el ataque antitaurino prolifere sin coto. Después de Cataluña llegaron La Coruña, Huesca, Palma de Mallorca… y un sinfín de pueblos que desprecian las leyes nacionales e intentan acabar con los toros a base de guerrillas. Mal asunto tener que defenderse en cada frente nuevo que se abre, cuando lo lógico sería que, ya que se desobedece arbitrariamente la Constitución Española (no hace falta repetir que la Carta Magna protege la tauromaquia y además insta a salvaguardarla y promocionarla), debería ser el Gobierno quien fuese tajante a la hora de hacer cumplir las ordenanzas, no en vano está aparado para adoptar las medidas necesarias que obliguen a las Comunidades Autónomas al cumplimiento forzoso de las leyes.

El especial y agitado panorama político que vivimos ha favorecido que los grupos menos votados y que a menor número de ciudadanos representan tengan la llave de la gobernabilidad en muchas ciudades y Comunidades. Así, partidos mayoritarios que jamás han estado en contra del mundo de los toros se han tenido que doblegar a voluntades antitaurinas minoritarias a cambio de favores políticos. Flaco favor a los intereses generales del pueblo y al sentido de la democracia.

Si el Tribunal Constitucional valida la tauromaquia, el panorama cambia a positivo, y no sólo porque se respeta a los aficionados, sino porque se hace prevalecer el peso de la libertad y los derechos que todas las personas deberían tener en un Estado democrático. Mientras continúe el silencio del más alto Tribunal las especulaciones continuarán y nadie entenderá por qué estando en vigor la Ley que regula la Tauromaquia no se adoptan medidas administrativas y judiciales contra esas evidentes infracciones, por qué no se toman medidas contra quienes pretenden abolir la tauromaquia a pesar de que tal empeño vulnera más de una decena de artículos de nuestra Carta Magna. ¿Será que tras nuestra democracia se esconde una dictadura encubierta e interesada?  

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