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Cuando en cualquier pliego de condiciones se antepone el apartado económico al cualitativo se corre el riesgo de fracasar, y el sector taurino es uno de los más perjudicados por este asunto.
Carlos Bueno - 21/11/2017

Hace unas fechas conocimos que los dos grupos antitaurinos más importantes que realizaban acciones contra el toreo en Francia se habían disuelto. Las denuncias, los juicios, incluso la posibilidad de cárcel para alguno de sus dirigentes, unido a la prohibición por parte de las autoridades galas de manifestarse a menos de un kilómetro de las plazas de toros, provocó discrepancias, desunión y dimisiones entre sus integrantes, lo que desembocó en su debilitación y finalmente su desaparición.

Pero que nadie cante victoria porque ahora es la Sociedad Protectora de Animales de Francia la que ha anunciado una ofensiva judicial contra la tauromaquia. Cuando no es uno es otro, pero el goteo de ataques y contraataques no va a cesar. La irrupción en los organismos gubernamentales de políticos populistas, demagogos, desconocedores de la historia y de los datos, mercenarios del voto, intolerantes y dictadores, ha dado alas al crecimiento de una preocupante tendencia que otorga a los animales unos supuestos derechos equiparables, cuando no superiores, a los del ser humano al tiempo que en las instituciones incrementa un desconcertante buenismo que no posee ningún sustento racional.

Es por eso que más peligrosos que los antitaurinos son los políticos sin escrúpulos que prefieren bañarse en la multitud de ciertas masas antes que defender los derechos legales de todos los ciudadanos sean o no de su cuerda. Y tan antitaurino es el que ejerce de tal sin pudor, como el que, aún rehuyendo esa condición, le pone palos a las ruedas de la tauromaquia de forma sibilina.

Viene esto a cuento de la decisión que ha tomado la Diputación de Zaragoza de no renovar el contrato de arrendamiento de su plaza de toros a Simón Casas. El empresario francés puede caer mejor o peor, puede haber acertado en muchas cosas y fallado en otras tantas, pero es indiscutible que cogió el coso siendo una ruina total y lo ha levantado de nuevo. El anterior gestor salió de Zaragoza dejando una deuda de más de seiscientos mil euros tras provocar la huída de una afición desilusionada. Después de cuatro años con Simón al frente de la plaza maña el resultado ha sido sin duda positivo. Más de 150.000 personas adquirieron entradas para los festejos que se celebraron durante la última Feria del Pilar, lo que indica que los aficionados se han vuelto a ilusionar.

Los datos objetivos favorecen a Casas, pero sobre todo favorecen al taurinismo zaragozano. La lógica indica que las autoridades deberían renovar al francés en la gestión del coso de La Misericordia y que, con él, los toros sigan consolidándose junto al Ebro. Sin embargo la Diputación Provincial “pasa” de reconocer el esfuerzo del empresario, “pasa” de la satisfacción de la afición local, “pasa” de tener visión de futuro y “pasa” de dar continuidad al trabajo bien hecho. Resulta que ahora, con el viento a favor, la Diputación prefiere obtener condiciones más ventajosas para la administración y pretende subir el actual canon de alquiler -situado en 30.000 euros más un 3% de la recaudación una vez superados los quinientos mil euros- para ganar un pellizquito más, una limosnita superior. No le importa que eso pueda ir en detrimento de la programación y, en consecuencia, del atractivo de los espectáculos. Por lo tanto tampoco le importan el público, es decir, que “pasa”.

A quienes nos sentimos parte del sector nos inquietan los antitaurinos y también los profesionales pasivos ante la coyuntura actual. Pero tanto o más preocupantes son ciertos políticos incapaces de llevar a cabo la labor de preservar y promover el asunto taurómaco, supuestos representantes de todos los ciudadanos que, sin embargo, se mueven por un afán recaudatorio que piensan que les eximirá de cualquier metedura de pata que puedan protagonizar.

En la parte contraria a esta manera de actuar se sitúa el Ayuntamiento de Burgos, que acaba de aprobar un pliego de condiciones para la explotación de su plaza de toros que elimina el canon de arrendamiento. Sí, elimina el pago del alquiler, pretendiendo con ello abrir el abanico a un mayor número de empresarios y darles mayor margen de maniobrabilidad. El documento incorpora aspectos para el fomento de la tauromaquia, barema la aplicación de una rebaja para los jóvenes, favorece actividades taurinas fuera de abono enfocadas especialmente a la promoción entre los más pequeños y abre al máximo la posibilidad de incluir a triunfadores de otras ferias o aquellos toreros que no se sitúen en lo más alto del escalafón. Por lo que se ve, impulsar los toros pensando en los espectadores no parece tan difícil.

Los pliegos de condiciones irresponsables que anteponen el dinero a la preocupación por el contento del público, los clientes, han sido los causantes de demasiados desastres que convendría recordar y no repetir. Por eso es tan importante que los políticos tengan memoria. Lo contrario es “pasar” de todo, de los toros y de los ciudadanos aficionados que, por cierto, también votan. 

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