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Carlos Bueno - 17/11/2015

“No sabemos qué van a hacer con nosotros”. Adrián Velasco y Gonzalo Herranz, un par de alumnos de la Escuela Taurina de Alicante, se acercaron a mí y me lo dijeron. No sé muy bien si lo hicieron simplemente para informarme, si lo que pretendían era que les aconsejara o si buscaban alguien que les pudiese echar una mano. Poco puedo hacer yo salvo denunciar la situación. Y es que, tras la celebración de las últimas elecciones generales, el tripartito que gobierna el ayuntamiento de Alicante, formado por PSOE, Guanyar y Compromís, anunció su intención de retirar toda ayuda a cuanto tenga que ver con los toros, algo que recogía el programa electoral de Guanyar (integrado por Podemos, Izquierda Unida y plataformas ciudadanas) y que parecen haber asumido como propio sus socios en el ayuntamiento. Con tal decisión la Escuela Taurina cerrará al término de este ejercicio.

Las Instituciones deberían subvencionar aquello que el pueblo reclama, y los políticos están para gestionar los recursos, administrarlos e invertirlos en todo cuanto sea democrático, legal e interesante para la población, independientemente de los gustos personales de cada dirigente. Que la tauromaquia no es del agrado de todos es evidente, como todas las cosas. Pero también es cierto que, según una encuesta de Gallup (una empresa pionera en investigación de mercados y opinión), a más de 12 millones de españoles le gusta o simplemente le interesa la tauromaquia. Una cifra nada desdeñable por mucho que la nueva concejal de Juventud y Protección Animal alicantina, Marisol Moreno, pretenda ningunearla; demasiados para ser aniquilarlos con explosivos según ella misma propuso cuando abogó por tirar una bomba en los tendidos de una plaza de toros, incluso se atrevió a manifestar que se utilizasen las subvenciones destinadas a los toros para asesinar políticos (resulta preocupante que esta persona que promueve la violencia y el asesinato nos represente, y más que la justicia no la aparte de las funciones públicas y la ponga bajo vigilancia).

Pues bien, los toros, sean o no del agrado de Marisol Moreno, además de interesar a millones de españoles y de ser arte, cultura, historia, ecología y mil factores más, son una fuente de riqueza para este país. Su impacto en la economía general española se cifra en 3.550 millones de euros, y sólo en concepto de IVA, teniendo en cuenta todas las actividades empresariales taurinas que se producen en la plaza y en la calle, aportan más de 380 millones de euros a las arcas de Hacienda. Bien está entonces que parte de lo que ingresa el sector taurino revierta en él. Sólo con un porcentaje de lo que paga por cánones de alquiler de las plazas se podrían mantener abiertas las Escuelas Taurinas sin que tuviese que salir de los impuestos generales.

Pero es que además, la Ley 18/2013 que declara la Tauromaquia como Patrimonio Cultural Inmaterial de España y que aprobó el Congreso de los Diputados el 12 de noviembre de 2013, indica claramente en el artículo 3 que los poderes públicos garantizarán la conservación de la Tauromaquia y promoverán su enriquecimiento de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Constitución. O sea, que prohibir los toros, trabar su conservación o impedir su enriquecimiento es un delito. Por tanto, imposibilitar que florezcan nuevos alumnos, futuros matadores, es ilegal.

¿Qué va a pasar con la Escuela Taurina de Alicante y con otras que están en su misma situación? No lo sé. Legalmente deberían de continuar abiertas, pero queda demostrado que las leyes no son para todos igual, y menos para los políticos, que parecen vivir en un paraíso de privilegios y exenciones. Por eso urge la creación de un Patronato Taurino que se preocupe de velar por los intereses generales de la tauromaquia, que denuncie las injusticias e ilegalidades que se están cometiendo contra ella, y que mantenga abiertas las Escuelas, porque de ellas depende el futuro de los toros. Dejarlo para mañana podría ser demasiado tarde.

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