CARLOS BUENO

Los toros en el saco de lo ilegal e inconstitucional

La Empresa Municipal de Transportes de Valencia prepara una nueva normativa en la que vetará ciertos tipos de anuncios en autobuses, pantallas y marquesinas. Entre ellos los contrarios a la legalidad y a los principios constitucionales. Perplejo me quedé al leerlo. Que yo sepa no se puede publicitar, ni se publicita, nada ilegal ni anticonstitucional. Por tanto esta advertencia carece de sentido y no hace falta cambiar la normativa vigente.

Tampoco se permitirá la propaganda de armas. ¡Toma ya! ¡Será que hasta ahora había anuncios de pistolas y de misiles tierra-aire! Tampoco he visto nunca una proclama que diga algo como: “Compre usted una pistola semiautomática Colt y un rifle Winchester y podrá acabar con su insoportable vecino de inmediato”. Otro brindis al sol.

Y aún hay otro que es más surrealista: Prohibida la publicidad sexista dirigida al público infantil. La publicidad sexista ya está vetada hasta límites que rallan lo absurdo, y ni que hablar tiene si estuviera relacionada con el público infantil. Jamás he visto un anuncio de tinte sexual que vaya dirigido a niños.

Así que hasta ahora, todas estas intenciones proclamadas son vacuas, puro narcisismo de los dirigentes políticos que gobiernan Valencia y de quienes depende la Empresa Municipal de Transportes, que quieren regalarse los oídos con elogios a tan buenos propósitos. Pretensiones necias por cuanto son innecesarias, porque son situaciones que no se producen. Todo el mundo está de acuerdo con ello. Pero la propaganda política sectaria sigue su marcha apropiándose de pensamientos generales.

¿Saben? Hay un tipo de publicidad que en demasiados casos está perfectamente planificada para que llegue a los más vulnerables. Publicidad de una actividad que crea adicción, que arruina familias, que puede provocar depresión, que muchas veces se instala estratégicamente cerca de los colegios y en barrios pobres. Me refiero al sector de los juegos de azar, que en los últimos cinco años ha crecido en España un 300%. Muchas casas de apuestas se abren junto a zonas frecuentadas por chavales y gente de escaso poder adquisitivo porque está demostrado que se les puede captar con mayor facilidad.

Los jóvenes han encontrado en las apuestas una manera de diversión que les hace sentirse mayores e importantes, mientras que los más desvalidos se aferran a la suerte para salir de su situación. Los anuncios en televisión sobre casas de juegos por Internet crecen de forma alarmante proyectando sobre quienes hacen uso de ellas la imagen de triunfadores. Pero la realidad es que la banca siempre gana y en la mayoría de los casos los apostantes pierden. Llega entonces la ruina, a veces la delincuencia, cuando no la depresión y hasta el suicidio. En España mueren unas 4.000 personas al año por suicidio. Pero parece que este tema políticamente no es rentable. Así que hay quien se dedica a prohibir la publicidad de asuntos ilegales, inconstitucionales, las armas y el sexo dirigido a niños. Cinismo puro.

Y volviendo al tema que nos ocupa, no crean que no está bien estudiado el cuento de la nueva normativa que prepara la empresa Municipal de Transportes de Valencia que, detrás de tanta trivialidad, esconde el propósito de que no se puedan anunciar circos con animales y corridas de toros. ¡Ahora  sí! ¡La incógnita ha quedado despejada! Envuelta entre la paja, la pretensión es dictar que desparezca la tauromaquia de cualquier canal publicitario posible. La intención de los antitaurinos siempre ha sido acabar con los toros. Como erradicarlos de un plumazo es misión imposible, han intentado prohibir la entrada de menores a recintos taurinos, conocedores de que así las aficiones irán desapareciendo, y ahora idean eliminar su promoción y difusión.

En Valencia la llave de mando la tiene Compromís, partido de conocido tinte antitaurino. Así que blanco y en botella. Meten la tauromaquia en el saco de lo ilegal y anticonstitucional, cuando se trata de una de las actividades más legales de cuantas existen (obligatoriamente ha de estar al día de sus cumplimientos fiscales y administrativos) y, además, está protegida por la Constitución Española, la comparan con la venta de armas y con el sexo dirigido a niños y se quedan tan panchos. No soy jurista, pero me da a mí que si esta normativa acaba viendo la luz se tratará de un acto de prevaricación, un delito por el que un servidor público dicta una resolución arbitraria a sabiendas de que es injusta y contraria a la ley. O sea, que como soy el que mando hago lo que quiero por encima de la legalidad.

Conociendo el sector taurino y a sus gerifaltes, imagino que ya habrán movido ficha y estarán manos a la obra denunciando esta pretensión de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia. Los profesionales del toreo son gente muy rápida que se adelanta a los hechos para que no lleguen a producirse. Se aplican el refrán que afirma que más vale prevenir que curar. Además les interesa defender su parcela y poder anunciar las ferias. Así que entonces no hay por qué preocuparse. Y en el caso de que no sean tan resolutivos como pienso, crucemos los dedos y esperemos que los políticos no se atrevan a sobrepasar esa línea que les puede abocar al delito. Sinceramente creo que habrá que aferrarse a esta esperanza.

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