CARLOS BUENO

Reducción, desempleo o apoyo

martes, 26 de mayo de 2020 · 07:00

La Junta de Andalucía trabaja en la elaboración de una normativa excepcional que facilite la celebración de funciones taurinas abaratando su coste. Se trata de una propuesta temporal que, de aprobarse, tendrá vigencia “mientras persista la situación actual de crisis sanitaria, hasta tanto permanezcan las limitaciones de aforo para las plazas de toros que no permitan la presencia de al menos el 70% de público, y en todo caso durante un año desde la fecha de su resolución”.

El reglamento transitorio contempla que los festejos puedan celebrarse en plazas de segunda y tercera categoría y en portátiles con la lidia de un máximo de seis reses y un mínimo de tres. Sólo sería necesario un veterinario y se colocarían dos pares de banderillas en lugar de tres. Pero el punto más polémico del Decreto refiere que las cuadrillas eliminen un banderillero, un picador y el ayuda de mozo de espada.

Este proyecto no es nuevo. Hace unos años lo lanzaron sin demasiado énfasis, como un globo sonda, algunos profesionales del sector y el pasado mes de noviembre también lo planteó Jesús Hijosa, alcalde de Villaseca de la Sagra, como idea para defender la viabilidad de las novilladas tras desvelar que su organización cuesta un desembolso inasumible de entre 40.000 y 45.000 euros. Ahora la sugerencia puede pasar a convertirse en resolución y, de inmediato, las asociaciones que representan a subalternos y mozos de espada han manifestado su malestar.

En este tema es difícil posicionarse porque todos actúan con las mejores intenciones. Unos con el ánimo de reducir desembolsos y favorecer la organización de espectáculos, y otros con la consigna de evitar que no mermen los puestos de trabajo en un 40%.

En el Registro General de Profesionales Taurinos hay inscritos 2.500 banderilleros y 3.406 mozos de espada, una cantidad que dentro del colectivo parece alta. Sin embargo, en el cómputo total de trabajadores que maneja el Estado se trata de una insignificancia. Desde luego que disminuir el número de participantes en cada espectáculo haría más llevaderos los costes, no obstante, dejar sin empleo a un 40% de profesionales implicaría una crisis mayor en las familias afectadas. Y es que detrás de las cifras hay personas que llevan sin cobrar desde que acabó la temporada pasada.

La solución no es sencilla y muy probablemente deba pasar por un reajuste transversal de salarios. No puede recaer todo el peso restrictivo en un solo gremio. Del mismo modo que, en general, el resto de actividades van a tener que apretarse el cinturón a causa de la crisis del coronavirus, el organigrama taurino deberá adaptarse a la nueva realidad. Y lo tendrán que hacer desde los empresarios hasta los areneros pasando por matadores, banderilleros y picadores.

El embudo es para todos y juntos habrá que soportarlo. Las Administraciones pueden apoyar de forma noble a la tauromaquia sin mandar al paro a más gente. La cuestión es ayudarla económicamente de manera equitativa a la del resto de actividades culturales y artísticas, moderando los cánones de arrendamiento de los cosos de titularidad pública y, sobre todo, recortando las cargas impositivas.

Ahora bien, que los empresarios repercutan esas reducciones sobre el precio de las entradas, algo que la mayoría no hicieron cuando se rebajó el IVA en 2017, un hecho indefendible si de verdad se quiere dar imagen de credibilidad y seriedad y se pretende favorecer el acceso del público a un espectáculo más asequible económicamente.

 

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