Propiedad pública, gestión privada

Las plazas de toros, en su inmensa mayoría, en pueblos y ciudades, suelen ser de propiedad pública. Y eso es bueno, a no ser que el poder público se manifieste antitaurino. Es bueno porque el Estado (Gobierno Central, Comunidades Autónomas, Instituciones Locales) casi siempre ha velado por la conservación, fomento y ordenamiento de las distintas tauromaquias (festejos taurinos populares, festejos de lidia ordinaria). Salvo en el siglo XVIII, cuando el poder real se declaró antitaurino. Pero entonces hubo suerte. Las Reales Maestranzas y las Juntas de Hospitales fueron el cuartel de invierno del toreo, y a la postre ganaron la batalla, por supuesto con el apoyo de la sociedad.

Fue entonces, con el acceso a la profesionalidad de toreros y ganaderos, cuando se creó el sector taurino. Aunque en realidad no fue un verdadero sector. La dirección y reglamentación del espectáculo siempre compitió a la Autoridad, que supo jugar un equilibrado papel arbitral entre los distintos intereses d la fiesta: los del público, los toreros y los ganaderos. Además, tanto funcionarios como algunos políticos resultaron ser muy buenos aficionados. Así lo demostraría una historia de la reglamentación taurina.

Hubo, eso sí, períodos negros, como en los años1935 y 36, cuando se dio caución a la vergonzosa expulsión de los toreros mexicanos, promovida por el sindicato de toreros españoles. O el de la larga postguera, por la generalizada permisión del fraude. O como el de ahora, que cifra 25 años absentismo reglamentario, tras el último reglamento, bueno en líneas generales aunque con errores que se han agravado en los últimos años, y que fue redactado por un buen aficionado, el ministro socialista José Luis Corcuera. Los nuevos reglamentos de las CCAA no han mejorado la situación. Es inaudito que un tema tan técnico y complejo como la lidia sea resuelto por funcionarios públicos y no por expertos.

Pero la gestión de la tauromaquia, organización de las corridas, actividad de los toreros, crianza y comercialización del toro de lidia, siempre ha corrido a cargo de la gestión privada y se ha llevado a cabo bajo la ley absoluta del libre comercio, con una distante y tibia supervisión de la propiedad pública de las plazas.

Pero a pesar de que fuera pública la autoridad de la Fiesta, carece de sentido que los profesionales del toreo no hayan organizado jamás el sector taurino. Encantados con el tutelaje protector del Estado, tan solo supieron crear los antiguos gremios, para la obvia y única defensa de sus intereses gremiales.

Tan funesto vacío ha sido incapaz de abordar uno solo de los problemas que socaban la buena marcha de la tauromaquia. Mencionemos solo algunos:

• Precariedad económica de la escuela taurina.
• Desigualdad de oportunidades para los novilleros
• Pasividad absoluta y creativa ante la crisis de la novillada.
• Inmovilismo legal para nuevas formulaciones de la novillada.
• Burocratismo y encarecimiento injustificado de la tauromaquia de base.
• Estudio y reelaboración de perjudiciales pliegos adjudicatarios de plazas.
• Regulación del oligopolio empresarial.
• Recuperación del apoderado como figura necesaria para la calidad y continuidad.
• Departamento de estudios taurinos y de relaciones con los mediosinformativos.
• Gabinete de Estudio de rendimientos toreros y ganaderos.
• Gabinete de defensa de la Turomaquia y de relaciones con los países taurinos.
• Control de taquilla informatizado en los cosos de 1ª,2ª, 3ª y 4ª categorías.

La Fiesta vive hoy en una nube de ignorancia, tutelada por un Estado con poca voluntad de tutelaje. Ha llegado la hora de que la Tauromaquia acceda a la mayoría de edad.